La banda del Niño Skin consiguió neutralizar al grupo de Guardia Civil que la había detenido y encausado en la Audiencia Nacional, y más en concreto al propio jefe del grupo, gracias a los millones de datos policiales exfiltrados por el hacker Alcasec en 2022, proporcionados a cambio de dinero por el joven a esta banda de narcotraficantes y también a otra de gran peligrosidad: los Miami. Esto sostiene, según ha podido saber EL MUNDO, la Comisaría General de Información en el juzgado de Instrucción 50 de Madrid.
Gracias a ese robo de registros, que José Luis Huertas extrajo de las bases confidenciales de Policía Nacional al hacerse con datos sensibles y personales de 130.000 agentes, el clan del Niño Skin pudo cotejar esos datos con los de otra base policial, Orión, y seguir durante meses a los guardias civiles que les investigaban, y que a la postre conseguirían que la Audiencia Nacional los encausara por narcotráfico y blanqueo de capitales -en una causa en que hoy sigue secreta en el Juzgado Central 5-.
Como aseguran a EL MUNDO fuentes judiciales, los guardias civiles fueron objeto de seguimientos gracias a esos datos, que incluyen filiaciones de sus familiares, y de resultas actualmente seis de ellos están imputados en el juzgado de Instrucción 54 de Madrid, por el supuesto uso de balizas ilegales para perseguir a los narcos
Es más: utilizando esos datos, ha trasladado la Comisaría General de Información al juzgado, al brigada jefe del grupo se acercó como anzuelo una mujer que terminó grabándole en conversaciones comprometedoras, referidas a medios ilegales de investigación, y declarando en su contra ante el juez Santiago Pedraz. El objetivo, sostienen en la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, era hundir la causa contra los narcos vinculando a sus perseguidores a medios ilegales de investigación.
Los agentes de CGI han tenido acceso a los chats entre el joven hacker y miembros del clan del Niño Skin, traficando ambas partes con los datos personales de 22 guardias civiles, seis de los cuales son los imputados en Instrucción 54.
Los policías han informado a la juez que investiga la exfiltración, la titular de Instrucción número 50 de Madrid, quien a su vez ha informado de la brecha, de proporciones colosales -va del carnet profesional 14.000 al 143.000-, a la Secretaría de Estado de Seguridad. Este diario informó este lunes de dicha brecha, y preguntó por ella a Interior, que negó comentario alguno "por hallarse el tema judicializado"-.
Los encausados en la Audiencia Nacional fueron detenidos en el marco de la Operación Águila-Franzen, que se desarrolló entre 2019 y 2021, y fue liderada por la unidad de Delitos Económicos y Telemáticos de la Comandancia de Guardia Civil de Madrid, sita en Tres Cantos. Tras seis años de investigación, el balance fue enorme: 33 detenidos, 36 inmuebles bloqueados por valor de 11 millones de euros, 76 vehículos incautados y 700.0000 euros en efectivo y 239 kilos de cocaína aprehendidos.
Se trató, en suma, uno de los mayores golpes antidroga en los últimos tiempos en España, y en él estuvo imputado también Borja Villacís, hermano de la vicealcaldesa Begoña Villacís, antes de ser asesinado el verano pasado en un ajuste de cuentas, presuntamente también vinculado a narcotráfico, en la carretera de El Pardo.
Sin embargo, según la Policía, la banda liderada por Antonio M., alias Niño Skin, un antiguo ultra de fútbol vinculado a la hinchada violenta del Real Madrid (y antes a la del Atlético), comenzó a acercarse a los guardias civiles para intentar desacreditar la investigación, vinculándoles a medios ilegales. Primero, como han asegurado fuentes de Guardia Civil y ahora confirman en Policía Nacional, siguiendo a los agentes y vinculándoles a la colocación de balizas ilegales. Después, tendiéndole una trampa incluso al jefe del operativo.
Una mujer vinculada a uno de los presuntos líderes del clan, Juan Manuel B., entró en contacto con el brigada, intentó mantener relaciones con él y le grabó varias conversaciones comprometedoras. En ellas, el mando aseguraba que los guardias civiles suelen emplear métodos ilegales para cazar delincuentes, y que así lo habían hecho en Águila-Franzen.
Tras esto, la mujer declaró en el Juzgado Central 5, precisamente de la mano de Borja Villacís -dijo a Santiago Pedraz que por "casualidad" había sabido que el guardia había detenido anteriormente a su "amigo Borja"-, y de ahí derivó una causa, en Instrucción 54 de Madrid, por presuntos métodos ilegales de los agentes.
Estos aseguraron desde un principio que las balizas en realidad habían sido colocadas por los propios narcos, y el brigada afirmó que cuando hablaba con la mujer en realidad sabía que ella formaba parte del clan delictivo, y que en realidad intentaba sonsacarle información.
Ahora, en suma, emerge que los narcotraficantes habrían entrado en contacto con sus investigadores gracias a la exfiltración llevada a cabo por José Luis Huertas, de largo historial judicial, cuyo último eslabón hasta ahora había sido su detención en junio del pasado año por robar datos de 37.000 clientes de la compañía energética Hola Luz. Según fuentes de la investigación, Alcasec está en nómina de los clanes Miami y Niño Skin desde 2021, y a cambio de facilitarles datos recibe dinero y protección.
Los agentes de Policía Nacional incluso han señalado taxativamente a la magistrada de Instrucción 50, que investiga el colosal boquete en los sistemas del cuerpo, que la adquisición de los datos de los guardias facilitados por Alcasec a los narcos coincidiría en el tiempo con la colocación de balizas por parte de los clanes, lo que evidenciaría la acción coordinada.
Por su parte, este lunes el sindicato Jupol emitió una nota para pedir explicaciones al Ministerio de Interior sobre la filtración de los datos personales de los 130.000 agentes, incluidos los destinos y las especialidades, lo que podría poner en peligro no sólo investigaciones sino a los propios efectivos y a sus familias.
"Es un auténtico escándalo que pone en serio peligro la seguridad de los policías nacionales y de sus familiares, al exponer información sensible que jamás debió quedar desprotegida", sostiene el sindicato, mayoritario en Policía Nacional. De momento, tanto el Ministerio como la Dirección General de Policía guardan silencio.