Navarra impulsa una ley para sancionar el racismo en el acceso a la vivienda y el “acoso” inmobiliario

Los tres socios que conforman el Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), han presentado junto con EH Bildu (socio presupuestario) una proposición de ley para “facilitar” el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y personas vulnerbales. Para ello incluye una serie de medidas como el sorteo de una parte de las nuevas promociones de viviendas protegidas de alquiler, la creación de un censo de grandes tenedores de vivienda o un régimen sancionador para quienes discriminen por cuestión de raza, orientación sexual o discapacidad en el alquiler de una vivienda.

La nueva ley foral tiene garantizada su aprobación, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de grupos del Parlamento de Navarra. Con ella se pretende “corregir el rumbo que ha tomado la vivienda” en los últimos años y que “impide el acceso a la misma a gran parte de la población”, ha explicado el portavoz de Contigo/Zurekin Daniel López, que ha presentado la nueva norma junto con Kevin Lucero, del PSN, e Itsaso Soto, de Geroa Bai. Los tres han subrayado que “aplicar las mismas soluciones al mismo problema no funciona”.

El nuevo reglamento perseguirá la discriminación en el acceso a la vivienda. Así, se penalizará como falta grave dentro de un nuevo régimen sancionador a aquellas personas o inmobiliarias que en el mercado privado discriminen a personas por cuestión de raza, orientación sexual, discapacidad o situación socieconómica. “A muchos les cuesta horrores, ya no alquilar un piso, sino que le atiendan en una inmobiliaria”, alertaba hace unos días el portavoz de Contigo/Zurekin.

También se incluye en este régimen de sanciones el concepto de “acoso inmobiliario” entendido como “cualquier comportamiento, omisión o abuso que tenga como finalidad forzar a una persona a abandonar su vivienda en contra de su voluntad, ya sea mediante presiones, deterioro intencionado del inmueble, impago inducido, amenazas o cualquier otra acción que genere un entorno hostil”.

Sorteo, pero sin eliminar el baremo

Una de las principales novedades que incluirá la nueva ley será el sorteo de una parte de las nuevas promociones de viviendas protegidas para el alquiler. Con ella se busca facilitar la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda para los mayores de 60 años. Los grupos que han presentado la propuesta insisten en que este nuevo modelo no eliminará el baremo para los casos de vulnerabilidad, sino que una vez que se haya decidido el porcentaje de las viviendas que se destinarán para estas personas, el restante de las viviendas se sorteará. En este sorteo, un 50% se destinará a personas menores de 35 años o mayores de 60 y la otra mitad para el resto, con la intención de asegurar “un reparto equitativo dentro de todas las capas de la sociedad”.

También destaca la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda en el que se deberán inscribir todas aquellas personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas en su propiedad. Se les aplicará el régimen de contención de precios si las viviendas se encuentran en zonas que sean declaradas de mercado tensionado. Así, el que busque una vivienda en alquiler “podrá saber si el propietario es un gran tenedor y exigir que el precio se ajuste a los márgenes legales establecidos”, ha destacado Lucero. También se amplía el registro de arrendamientos incorporando “información esencial” como el precio pactado del alquiler, la renta de contratos anteriores, las actualizaciones de precio o el importe de la fianza. 

Con la nueva norma si una persona rechaza “sin causa justificada” una vivienda que “cumple con las características y preferencias que había indicado en su solicitud”, quedará excluida del censo durante un plazo de dos años. Una medida que “busca garantizar que las viviendas se asignen a personas realmente interesadas en una vivienda y que realmente la necesitan”.